Durante décadas, quienes obtuvieron becas pre y post doctorales en el sistema nacional de investigación trabajaron con ingresos limitados y sin que ni a los pagadores –generalmente instituciones públicas, es decir, el propio Estado– ni a ellos se les detrajese cantidad alguna para la Seguridad Social. Por ese motivo, sufrieron falta de cobertura médica, como bajas por enfermedad, maternidad y paternidad, carecieron de derecho a cobrar el desempleo cuando sus becas finalizaron y esos años trabajados no contabilizan a la hora de establecer sus pensiones de jubilación. Cabe destacar que su labor durante los años que disfrutaron las becas no solo fue decisiva para impulsar el conocimiento científico en todas sus ramas, incluida la Historia, sino que participaron frecuentemente en la docencia, lo que supuso para el Estado una forma barata de paliar las carencias de las plantillas universitarias.
La reciente orden ministerial que pretende compensar el perjuicio que la falta de cotizaciones implica a la hora de la jubilación no soluciona el problema, pues se les exige para homologar esos años el pago de 290€ mensuales durante el plazo de años que quieran compensar, lo que implica el desembolso de cantidades que se elevan a miles de euros, correspondientes no solo a lo que no se les descontó a quienes desempeñaron estas tareas sino también a lo que el Estado empleador no ingresó a la Seguridad Social.
Al solicitar a los Ministerios competentes que revisen la disposición tras negociar con las personas afectadas y establezcan un sistema de cotización razonable antes que recaudatorio, la Asociación de Historia Contemporánea no solo defiende los derechos de sus asociados y asociadas sino que también se posiciona ante un problema que afecta al conjunto de la comunidad científica de este país.
10 de mayo de 2024
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